Eficiencia del monopolio estatal

Señor Director.

El subsecretario Christian Larraín quiere convencemos de que un monopolio estatal es más eficiente tanto en la contención de costos como en la atención de los usuarios que un mercado competitivo con actores privados. Para ello, utiliza una planilla con datos teóricos que contradicen la experiencia práctica más elemental.

El nuevo ente estatal, proyecta el subsecretario, generará ahorros de US$ 900 millones. Es que el papel aguanta todo. Sin embargo, se tendrán que destinar 300 millones de dólares para subsidiar a este administrador público. ¿Y por qué no 400,500 o más? Experiencias como el Transantiago son ilustrativas de los errores que, en estas materias, se cometen al hacer proyecciones. La razón es simple y conocida: la gestión financiada con recursos públicos, que son de todos y no son de nadie, no tiene ningún incentivo a la eficiencia y calidad de servicio. Esto lo hemos comprobado infinidad de veces. Los que son un poco mayores recordarán que cuando la única altemativa para conseguir una línea telefónica era recurrir al monopolio estatal, había que esperar por años. Sin ir más lejos, que el lector trate hoy mismo de sacar una cédula de identidad o pasaporte, y verá que con suerte le tomará al menos tres meses.

Miremos ahora los ingresos que las cotizaciones supuestamente ahorradas generarán para los afiliados. Digo supuestamente, porque las cuentas nocionales solo significan anotar en un papelito su aporte. Sus recursos se pueden gastar en pagar pensiones o destinarse a financiar cualquier otra urgencia del Estado o sus empresas. Se ofrece un retorno, que es una ficción contable, de apenas un 2%, muchísimo menor que la rentabilidad histórica de 7% de los fondos de pensiones. El resultado para los cotizantes es evidentemente negativo, puesto que los costos de administración son hoy apenas de un 0,6% de los fondos administrados. Aunque el supuesto de eficiencia de costos se diera, si la rentabilidad futura fuera la mitad de la histórica, la pérdida de rentabilidad sería al menos cinco veces el supuesto ahorro.

En definitiva, no se aprecia la razón para obligar a las personas a incorporarse a un sistema supuestamente más eficiente, en que los costos serán menores, la atención peor y la rentabilidad muchísimo menor que la que reciben hoy día. ¿Por qué no permitir a las personas optar y cambiarse libremente? Algo no cuadra. ¿No será que el verdadero objetivo es controlar y disponer de los ahorros previsionales de todos los chilenos?

RODRIGO PÉREZ MACKENNA

Fuente: El Mercurio