Exministros de Piñera y expertos ligados a Chile Vamos preparan reforma de pensiones alternativa al proyecto del gobierno

Esperan tener la propuesta para fines de marzo y presentarla al Ejecutivo en las negociaciones que se avecinan.

Los partícipes de la propuesta parten de la base de que la reforma previsional que se encuentra en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados no cuenta con los votos. Por ello aseguran que se requiere cambiar la matriz del proyecto y no solo negociar indicaciones. El respeto a la propiedad de los fondos, libertad de elegir administrador y mayor competencia en el sistema con participación del Estado en igualdad de condiciones, son algunos de los ejes del documento en el que trabaja la oposición.

El martes 24 de enero, un día antes de que se votara la idea de legislar de la reforma previsional en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el Gobierno acordó crear una mesa técnica de expertos que permita dar viabilidad al proyecto de ley. Tras el acuerdo, la iniciativa se votó a favor en la instancia, excepto por los parlamentarios de Chile Vamos, quienes se pronunciaron en contra.

Si bien en la oposición afirman que ellos no fueron parte del acuerdo con el Gobierno —que fue impulsado por el presidente de la comisión, Alberto Undurraga (DC), y el diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD)—, sí comparten que se debe buscar un acuerdo en la materia, porque la reforma de pensiones es urgente. Por lo mismo, están trabajando para llegar preparados a las negociaciones que se retomarán en marzo.

Originalmente, la intención del Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la titular de Trabajo, Jeannette Jara, era que durante febrero se estableciera con los diputados de la comisión “los bordes” respecto de las materias que se abordarían en la mesa técnica y que luego se definieran los nombres de los expertos que cada sector convocaría, para que comenzaran a trabajar en marzo. Sin embargo, hasta ahora no ha habido mayor avance en las discusiones previas, y la instalación de la mesa se postergaría para fines de marzo o principios de abril.

Mientras, en reserva, Chile Vamos seadelantó y ya trabaja en una reforma alternativa ala propuesta por el Gobierno, texto que esperan tener la última semana de marzo y presentar en el marco de las conversaciones de la mesa técnica —si es que se instala— y en las negociaciones con el Ejecutivo. “Los partidos de Chile Vamos consideramos que el mejor camino es avanzar en una propuesta alternativa ala del Gobierno y en eso estamos”, afirma uno de los involucrados en el proyecto alternativo. Hasta ahora el trabajo ha estado segmentado en distintos grupos y esperan en los próximos días poder consensuar una visión común para sentarse frente al Gobierno. En febrero hubo varias reuniones telemáticas y esta semana que comienza habría una reunión presencial de coordinación. En el grupo de expertos participan los tres exministros del Trabajo del segundo gobierno de Piñera, Nicolás Monckeberg, María José Zaldívar y Patricio Melero.
También hay representantes de distintos centros de estudios del sector: Pablo Eguiguren e Ingrid Jones, por LyD; el exsubsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, por el Instituto Libertad, y la abogada Bárbara Bayolo, por la Fundación Jaime Guzmán.

También participan los economistas Bernardo Fontaine y Salvador Valdés; el asesor legal del Ministerio del Trabajo y exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme; el exsubsecretario de Segpres, Máximo Pavez, y la exjefa de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social; Karol Fernández, entre otros.

A ellos se suman los mismos diputados miembros de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), Frank Sauerbaum (RN), Eduardo Durán (RN), Henry Leal (UDI) y Cristián Labbé (UDI). También está el diputado Francisco Undurraga en representación de Evópoli, aunque no es miembro de la comisión.

“El Gobierno ha insistido en la necesidad de buscar un consenso amplio y cuando nos piden que aportemos nuestrasideas, nosotros las vamos a hacer llegar, pero con el fin de que podamos partir de ideas matrices distintas a las del Gobierno. Si piden modificaciones al articulado conservando las ideas matrices del proyecto actual, este no tiene destino alguno”, afirma el exministro Patricio Melero. En la oposición se resisten a negociar en marzo indicaciones al proyecto de ley que propone el Gobierno, ya que, en su opinión, está mal concebido desdeel origen. Porello, afirman, se requiere dar un paso atrás y analizar primero cuál es el sistema que se necesita y, en base a eso, buscar después los instrumentos.

“Todo se puede conversar teniendo claro el eje de mejorar pensiones, pero hay que dejar un poco delado la ideología, porque si nos queremos poner las ideas matrices del actual proyecto como una camisa de fuerza va a ser muy difícil. Uno tiene que tener la capacidad de discutir fuera de ese marco”, sostiene el exsubsecretario Pedro Pizarro.

Los ejes de la propuesta Cuando los partidos de Chile Vamos rechazaron en enero pasado la idea de legislar el proyecto en la comisión de Trabajo de la Cámara fueron acusados por algunos parlamentarios oficialistas de querer mantener el statu quo. Sin embargo, en la oposición son enfáticos en que eso fue un rechazo al proyecto del Gobierno, y no a la necesidad de una reforma de pensiones.

Es más, recuerdan que, en mayo de 2019, la entonces oposición también rechazó en general el proyecto de reforma de pensiones del expresidente Piñera, incluyendo el voto negativo del Presidente Boric, quien entonces era diputado del Frente Amplio. “Nuestro rechazo a la idea de legislar es tan legítimo como lo que hicieron ellos, que consideraron que ese no era el proyecto que el país necesitaba”, dice un miembro del grupo de trabajo.

Entre los principales objetivos que estiman en la oposición que debe tener una propuesta de pensiones es que logre suavizar la caída del consumo por el paso de la vida activa a la jubilación, evitar la pobreza en la vejez, y que cuente con la valoración de la ciudadanía. Sobre esto último señalan que la propuesta paralela que están elaborando respeta la propiedad del ahorro de los trabajadores, su heredabilidad y mantiene la libertad de elección. Esto a diferencia —dicen— de la propuesta del Gobierno, que no respeta estas preferencias de las personas.

“A partir de los cambios realizados al sistema con la Pensión Garantizada Universal (PGU) nosotros queremos proponer una reforma que incentive la cotización, que termine con el castigo y discriminación a las mujeres, con solidaridad intrageneracional, que reconozca la propiedad de los fondos de los trabajadores y en el que exista competencia real para todos los actores del sistema”, sostiene el exministro Nicolás Monckeberg.

Un largo cuestionario para definir las bases Para establecer una propuesta única de la centroderecha, en el grupo de trabajo elaboraron un listado de cerca de 50 preguntas respecto del sistema de pensiones que se quiere para el país, y en las respuestas han estado trabajando y buscando puntos en común. Tienen plazo hasta este lunes para responder el cuestionario, y luego la instancia se reuniría en la semana. En paralelo, en el grupo ya se delinean las primeras propuestas, aunque insisten en que la idea es generar un texto común.

Las primeras preguntas del cuestionario se refieren a los objetivos que debe tener el sistema de pensiones, cuál debe ser el rol del Estado, el destino de la cotización adicional, cuáles son las tasas de reemplazo que se quiere alcanzar y qué rol cumple y debe cumplir hacia adelante la PGU.

También analizan la eliminación del Decreto Ley 3.500 que propone el Ejecutivo —normativa que da las bases al actual sistema—, y la conclusión es que no solo es innecesario derogarlo, sino que hacerlo sería “refundacional”. Hay acuerdo en que la cotización adicional del 6% debe ir a cuentas individuales de las personas. Eso sin perjuicio de que haya más solidaridad en el sistema, especialmente con las mujeres que tienen menores pensiones. Pero en la centroderecha sostienen que la forma en que se concrete esa solidaridad está en análisis. En todo caso, no está definido aún que el ahorro adicional deba ser de 6% como se propone.

Para ese análisis señalan que primero se debe evaluar el impacto que está teniendo la creación de la PGU y estimar las tasas de reemplazo en distintos casos, para hombres y mujeres, de diferentes niveles de ingresos y densidades de cotización. Al respecto critican la demora del Gobierno para entregar todas las bases de datos solicitadas por expertos y centros de estudios.
Estos están hace meses pidiendo los datos con los que el Ejecutivo realizó las proyecciones para su reforma, y con ellos esperan construir escenarios alternativos (ver recuadro). Dado el cambio que ya produjo la PGU en las tasas de reemplazo y evitar la pobreza en la vejez, también están evaluando si es necesario que el instrumento aumente significativamente para todos los pensionados, o si podría haber una mayor focalización. Este es un tema en que no hay acuerdo en el sector. Participación de un administrador estatal a Sí habría acuerdo en el grupo en incluir a un administrador estatal, pero que compita en igualdad de condiciones con administradores privados de inversión. La idea es aumentar la competencia respecto del actual. Aunque no está definido si eso implica el fin delas AFP, sí señalan que, de continuar, no lo harían bajo la misma regulación actual. También recuerdan que el proyecto de Piñera promovía el ingreso de nuevos actores y buscaba relacionar las ganancias de estos con las rentabilidades, en caso de pérdidas. Está en discusión si es conveniente o no separar las funciones de la industria entre la gestión de las cuentas y la administración de inversiones.

Una opción que se evalúa es que las personas puedan elegir un administrador de inversiones, pero este, a su vez, pueda subcontratar servicios de gestión de cuentas, por ejemplo, en atención de clientes, fuerza de venta, hasta la recaudación o pago de pensiones. Para eso habría que terminar con el actual giro único que actualmente rige para las AFP. En este contexto, el Estado a través de una entidad autónoma también podría ejercer las funciones de administración de inversiones y de cuentas.

En cualquier caso, señalan que para evitar que el Estado tenga un rol demasiado relevante e incluso hasta controlador en el mercado de capitales —como a juicio de la oposición se permite en la reforma del Gobierno— en la oposición sostienen que debería haber límites de participación de mercado, tanto para administradores privados, como para la entidad pública. También algunos en el grupo ven con buenos ojos que el cobro de la comisión de la administración sea sobre el saldo acumulado y no sobre el flujo o la remuneración mensual como es actualmente.

Otra idea que surgió en la discusión es que la cobranza de cotizaciones impagas a los empleadores la haga el Servicio de Impuestos Internos (SH). “Hoy son las AFP las que tienen que perseguirlos, y obviamente tienen un poder coercitivo menor”, dice un participante del grupo.

“Lo que hemos estado haciendo es trabajar bajo los principios de que necesitamos un aumento de las pensiones, pero respetando el derecho a elegir e incorporando una mayor solidaridad al sistema y más competencia”, afirma el economista y exconvencional constituyente, Bernardo Fontaine.

“Sería suicida para los parlamentarios de oposición y también para los del Gobierno aprobar una reforma de pensiones contra los deseos expresos de la ciudadanía, que está pidiendo que las cotizaciones vayan a sus cuentas y que tengan el verdadero derecho a elegir quien administra las platas que son propias de los cotizantes”, agrega.

Según una encuesta Cadem de principios de enero, el 56% de las personas prefiere que el 6% de cotización adicional que propone el Gobierno vaya en su totalidad a la cuenta de los trabajadores y un 33% está porque una parte vaya a la cuenta personal del trabajador y otra parte a un fondo común solidario. Solo el 10% prefiere que vaya todo a un fondo común solidario como plantea el proyecto del Ejecutivo.

En tanto, 80% está a favor de que las personas puedan elegir entre una institución estatal y una AFP para la administración de estos fondos, mientras el 15% preferiría que los administre una institución estatal y 4% prefiere que los administren solo las AFP. Con todo, participantes del grupo de Chile Vamos aseguran que por ahora la propuesta está en construcción.
La economista Karol Fernández plantea que “el trabajo se ha centrado hasta ahora en un diagnóstico del sistema de pensiones después de la implementación de la PGU y ver cuáles son los retos que aún requieren solución.

Con eso se busca evaluar si la propuesta del Gobierno va en línea con lo que se requiere, y de no ser así —como creemos— buscar una nueva propuesta que responda a esos objetivos”. gobierno entregó nuevos datos a centros de estudios que pidieron más transparencia en las estimaciones Uno de los principales cuestionamientos de la oposición, pero también de expertos y académicos independientes, ha sido la demora e inicial resistencia del Gobierno para entregar los datos con que hizo las proyecciones de su reforma previsional.

En noviembre pasado, en una carta dirigida al Gobierno, 22 centros de estudio e instituciones relacionadas con las políticas públicas realizaron una solicitud de dicha información, argumentando que una política abierta de datos y replicabilidad de los documentos en que se basan las políticas públicas permitiría tener un debate más objetivo y basado en evidencia. Tras ello, el Gobierno accedió a ir entregando la información solicitada. Organizó tres talleres técnicos en que abordaron la construcción del Informe de Impacto Regulatorio de la reforma previsional, el Informe Financiero y el Informe de Sostenibilidad. Asimismo, se organizaron reuniones con la Superintendencia de Pensiones para definir los datos requeridos.

Sin embargo, el 20 de enero, seis expertos, entre ellos, el académico y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, enviaron una nueva carta al Ejecutivo, con el estado de avance de la entrega de datos y las dificultades que encontraron en el camino. “Si bien se reconoce el esfuerzo realizado hasta la fecha, es evidente que, hasta el momento, no es posible reproducir los análisis ni los resultados presentados por el Ejecutivo”, señalaba esa minuta. “Se reitera la urgencia de contar con esta información en los días que quedan del mes de enero, con el objeto de que los (las) investigadores(as) puedan trabajar con estos datos para poder llegar con diversos análisis independientes para el mes de marzo”, agregaba.

Tras esa nueva solicitud, Bravo cuenta que el 31 de enero recibieron respuestas a estos planteamientos y se han ido añadiendo antecedentes. “El 3 de febrero recibimos un documento más detallado referido al modelo de proyección del sistema de pensiones, que es bien central para poder reconstruir los cálculos realizados sobre sustentabilidad de la propuesta, y también otros antecedentes sobre el Informe de Impacto Regulatorio”, comenta.

El viernes recién pasado, además, la Superintendencia de Pensiones complementó “información relevante para calcular de mejor modo las tasas de reemplazo de actuales pensionados que no estaban en los datos liberados”. Con esta nueva información, dice Bravo, los expertos y centros de estudios en forma independiente cuenta con más datos para avanzar en sus respectivos análisis, por lo que valora el esfuerzo que se está realizando. “Esta iniciativa de los distintos centros y la respuesta del Gobierno ha generado interés a nivel internacional, esperando que pueda ser exitosa y traducirse en análisis más basados en evidencia”, señala. De hecho, el próximo 3 de marzo participará en un seminario que organiza anualmente el Berkeley Institute for Transparency in the Social Sciences (BITSS) de la Universidad de California-Berkeley. En la instancia también participará la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza.

Fuente: El Mercurio