Gasto fiscal en la Pensión Garantizada Universal junto al aporte solidario llegaría a 2% del PIB durante este año

En las últimas semanas, el debate previsional, entre otros puntos, ha estado enfocado en la idea de la oposición y de algunos expertos de aumentar la solidaridad del sistema vía mejoras a la Pensión Garantizada Universal (PGU), y no a través de la transferencia de recursos por el aumento de la cotización de trabajadores.

Por su parte, el Gobierno está evaluando nuevas herramientas para reemplazar las cuentas nocionales que estaban en su reforma original y ha acelerado gestiones para reimpulsar la reforma tributaria y así poder allegar financiamiento permanente para subir el monto del actual componente solidario del sistema: la PGU.

En ese plano, un estudio de la economista y académica del ESE Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, expone las mejoras en beneficios y recursos fiscales que ha significado la ampliación del sistema de pensiones solidarias. También no ve conveniente incorporar solidaridad intergeneracional por medio de cotizaciones de seguridad social.

El informe señala que, a marzo de este año, 1.826.740 adultos mayores recibieron la Pensión Garantizada Universal, a los que se suman 171.191 personas que recibieron Aporte Previsional Solidario (APS) con pensión final garantizada, que corresponde a aquellos casos en que el beneficio anterior de APS es más conveniente que la PGU.

Si se compara esta cifra con el número de beneficiarios de marzo del año pasado, equivalente a 1.634.621, se observa un aumento del 12% en el número de personas y, al comparar el nivel con marzo de 2019, el alza llega al 43%. “Se trata, sin duda, de un aumento muy importante en la cobertura del beneficio”, dice Cifuentes.

Asimismo, se ve en el Pilar Solidario Previsional (PSP) una mejoría en el monto de los beneficios, que ha implicado una expansión importante en el gasto total y en el aporte promedio pagado, que ha pasado, en pesos nominales, de $82.954 en marzo de 2019 a $182.381 en marzo de 2022, y finalmente a $203.833 en marzo pasado.

La experta precisa que la mejora en los beneficios ha sido importante, aunque sería aún mayor si no se hubieran implementado los tres retiros de fondos de pensiones, que redujeron los montos de retiro programado, las rentas vitalicias y las pensiones de aquellos que se jubilaron en los últimos dos años.

El gasto del Pilar Solidario Previsional (PSP) se multiplicó por 2,2 veces en términos reales entre 2019 y 2022, y por 2,4 veces si se mide con el año 2018, antes de la aprobación de varias mejoras que se han implementado al Sistema de Pensiones Solidarias (SPS). A su vez, en términos del PIB, el gasto del SPS ha pasado del 0,8% en 2018 al 1,7% en 2022 (ver gráfico), y Cifuentes estima que debería llegar a cerca de un 2% durante este año.

La economista calcula que este aumento en el gasto del SPS, equivalente a US$ 3.300 millones respecto al año 2018, representa cerca de 3,5 puntos de cotización, considerando el número de cotizantes actuales y su ingreso imponible promedio. “Por ende, el componente solidario ha aumentado en mayor magnitud respecto a lo que se proponía en la reforma previsional del gobierno anterior, y que había sido aprobada en la Cámara de Diputados, que establecía tres puntos de cotización adicional para un componente solidario, en que solo una parte iba para mejorar a los actuales jubilados”, dice Cifuentes.

De ahí que enfatiza que la PGU ha generado una mejoría de pensiones en los actuales jubilados mucho mayor a lo que se pretendía lograr en la propuesta de reforma del año 2018. “Es por esta razón que ese punto de partida no tiene justificación en las circunstancias actuales, en que el país ha hecho un esfuerzo considerable en pro de mejorar las actuales pensiones, con el beneficio adicional de que esto no se ha hecho a costa de un impuesto al trabajo formal”, añade.

Cifuentes subraya que, dado que el costo fiscal de la PGU se estima creciente en el tiempo producto de una mayor tasa de dependencia (personas laboralmente pasivas/personas laboralmente activas), “establecer un componente adicional de reparto intergeneracional a través de las cotizaciones de seguridad resulta excesivamente gravoso para las generaciones más jóvenes, considerando además que en términos de recursos se ha destinado ya a un componente de reparto intergeneracional un monto superior a lo que se había aprobado en 2018, en el proyecto de ley que finalmente no logró ver la luz”. Agrega que “entre ese momento y el actual, las proyecciones de largo plazo para la economía chilena se han deteriorado, por lo que es menos justificable aún destinar recursos adicionales a los actuales jubilados, financiados por las generaciones futuras”.

Según informe de la economista Cecilia Cifuentes, el gasto fiscal en la Pensión Garantizada Universal junto al aporte solidario llegaría al 2% del PIB durante este año. El desembolso estatal del Pilar Solidario Previsional se multiplicó por 2,2 veces en términos reales entre 2019 y 2022, y por 2,4 veces si se compara con el año 2018.

Fuente: El Mercurio