“Preservar la libertad de elegir”

En el debate en torno a cómo se proveen ciertos servicios de seguridad social, algunos señalan que para elevar la eficiencia sería preferible suprimir la libertad de elección de las personas. Suena contradictorio. ¿Cómo podríamos ganar en eficiencia sin la posibilidad de elegir? Existen, por supuesto, ocasiones en las que esto es efectivo, y el mejor ejemplo son los monopolios naturales. Para poder elegir entre distintas compañías de agua, tendría que haber varias redes de cañerías y, evidentemente, el costo sería mayor para todos. La alternativa eficiente es que exista solo una empresa regulada que provee este servicio.

Sin embargo, las prestaciones de servicios de seguridad social no son monopolios naturales y no es evidente que suprimir la libertad de elección permita elevar la eficiencia en estos mercados. El ejemplo comúnmente usado es el del AFC, donde se licita cada 10 años la provisión del seguro de cesantía, y se señala que se reemplaza la competencia en la cancha (entre distintos competidores que ofrecen el servicio) por la competencia por la cancha (distintos potenciales competidores compiten por ser el único oferente).

La licitación por la cancha tiene todo el sentido cuando, por ejemplo, se licita la construcción de una carretera, pero tiene menos sentido en la licitación de un servicio permanente. La ventaja que va adquiriendo el incumbente tenderá a bloquear la competencia en futuras licitaciones, particularmente en los servicios de seguridad social que requieren de recursos humanos altamente capacitados y especializados. Así, la inversión necesaria para competir con el incumbente va siendo cada vez mayor, la empresa adjudicataria va siendo cada vez menos desafiable, con lo que, en lugar de incrementar la eficiencia del mercado, la política pública habrá creado un monopolio.

Adicionalmente, es preciso señalar que este tipo de análisis no parece valorar lo suficiente la competencia y su aporte a, por ejemplo, el desarrollo de soluciones innovadoras. Lo cierto es que el tiempo de trámite de una pensión en el sistema de AFP ha ido disminuyendo sistemáticamente, con lo que actualmente el promedio de la industria ronda los ocho días. Esto, gracias a la competencia entre administradoras en proveer mejor calidad de atención a sus clientes. Por su parte, el IPS, que no enfrenta competencia, se demora entre 30 y 60 días para tramitar una PGU.

Existen problemas de competencia en la industria de AFP y los estudios señalan que se explica fundamentalmente por una demanda que no responde de manera significativa a los cambios en los precios. Frente a los problemas de competencia detectados, lo mejor es buscar regulaciones que la promuevan, por ejemplo, se podría ampliar la licitación de afiliados en la industria de AFP (medida que, por lo demás, tiene la ventaja de atacar el problema en su origen: la demanda). Rara vez la respuesta a problemas de competencia es bloquear la libertad de elección.

Por Soledad Hormazábal, investigadora Centro de Estudios Horizontal

Fuente: La Tercera