Economista Claudio Bonilla sobre propuesta de separar las funciones de las AFP: “No existen razones económicas”

Un informe liderado por el académico de la FEN de la U. de Chile, advierte que la reorganización que plantea la reforma previsional del gobierno “trae consigo múltiples riesgos relacionados con la posible captura del mundo político de la industria, sin que aquello signifique mejorar la pensiones”.

Santiago, 3 de junio de 2024.
Aunque la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha instalado el debate principalmente con respecto al destino del 6% de cotización adicional, existe otro parámetro de la propuesta que constituye una completa y estructural reforma al sistema previsional vigente desde hace cuatro décadas.

Se trata de reorganizar las funciones de administración e inversión de los fondos y la atención de cuentas de 12 millones de afiliados y pensionados, que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En un estudio sobre esa propuesta realizado por Bonilla & Asociados Consultores, liderado por el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), Claudio Bonilla, se concluye que “no existen razones basadas en eficiencia económica para proponer la reorganización industrial inducida por el Estado del sistema de pensiones. Es una propuesta de cambio radical a la institucionalidad y que trae consigo múltiples riesgos relacionados con la posible captura del mundo político de la industria, sin que aquello signifique mejorar la pensiones, objetivo que debiese ser el norte de cualquier reforma al sistema”.

Asimismo, el reporte determinó que el concepto de fallas del Estado permite encontrar razones indirectas para desistir de una posible reorganización industrial del sistema de pensiones.
“En este caso, se deduce que lograr el control de la industria de pensiones, por un lado y por otro, lograr fuerte influencia en el funcionamiento del mercado de capitales aparecen como posibles razones de fondo que explicarían la propuesta de reorganización industrial, lo cual produce un altísimo riesgo para los afiliados pues como sabemos, la función objetivo del mundo político no es necesariamente maximizar la rentabilidad de las pensiones ni resguardar el riesgo de ellas”, puntualiza el informe.

De hecho, el estudio hace hincapié en que el ente Estatal (gestor del FIP) “generaría un doble cobro sobre los fondos de los afiliados, lo cual es muy probable que haga que la pensión final terminara siendo más baja que con la situación actual si todo lo demás en el análisis permaneciera constante”.

Licitación de stock

Adicionalmente, Bonilla & Asociados revisó la idea de licitación de stock planteada en la reforma, que considera licitar el 10% de la cartera de afiliados antiguos de forma obligatoria.
“La licitación parece más bien una forma de asegurarle el financiamiento al IP ganador que se llevaría esta cuota asegurada de mercado. Además, es probable que sea el IPE (ente público) el ganador de la licitación, si no se resuelve el problema de neutralidad competitiva y le pone restricciones a dicha falla del Estado”, sostiene el estudio, que además destaca riesgos operativos como el hecho que la mayoría de los afiliados que sean afectos a esta licitación -en torno a un millón de personas- ni siquiera podrá enterarse previamente de que pasarán a otra administradora, concluye Bonilla & Asociados.