En 1970 la población chilena económicamente activa superaba en 6,2 veces a la que tenía 65 años y más; el año pasado, la proporción había bajado a 4,3 veces y se espera que en 2035 llegue a 3,4 veces o incluso menos. Un sistema previsional de reparto no es financiable con esta tendencia; de hecho, este tipo de modelos se creó cuando dicha tasa iba al alza y no a la baja, como ocurre hoy. Puede ser entendible que, aun así, en la idea de compartir los riesgos de la vida laboral, se quiera asegurar algún nivel de solidaridad para contribuir al financiamiento de aquellos que, por distintas razones, tienen lagunas previsionales. En ningún caso, sin embargo, resulta razonable desmembrar un sistema de cuentas de capitalización individual. Al contrario, son muchos y diversos los países que han ido introduciendo mecanismos de este tipo para evitar el descalabro fiscal que, con la actual realidad demográfica, significa sostener un sistema de reparto; los que han logrado prepararse mejor para el envejecimiento de la población han sido precisamente aquellos Estados que tienen sistemas mixtos.

Es a la luz de esta realidad que debe ser evaluado el proyecto para permitir un segundo retiro de otro 10 por ciento de los fondos previsionales, que tramita la Cámara. Si el primero fue un error, este segundo terminaría por desnaturalizar completamente el sistema de protección que el país tiene para la vejez, exponiendo a los futuros jubilados a recibir pensiones mucho más modestas en momentos en que existe consenso respecto de la necesidad de mejorar su monto. El Estado difícilmente podrá, en un contexto de envejecimiento acelerado como el actual y de fuertes presiones de gasto, reunir los recursos que permitan reemplazar el 20 por ciento que, de materializarse esta iniciativa, se habrán retirado del ahorro previsional. Esto es cierto incluso si los seis puntos porcentuales que están en discusión a propósito de la reforma a las pensiones se utilizan para estos fines. En efecto, cada retiro de 10 por ciento ‘anula’ aproximadamente dos puntos de la cotización adicional, suponiendo un retorno razonable (no el histórico) de los fondos. Y si a ello se agrega la caída en la tasa de quienes cotizan respecto de los inactivos mayores, el panorama se torna aún más estrecho. Es evidente que no se han dimensionado, por parte de los impulsores del proyecto, las complejidades que involucra.

Pero además se ha añadido a esta discusión la idea de también legislar un retiro para personas que están jubiladas por renta vitalicia. Si bien luego se decidió analizar esto con más calma, es indicativo del modo en que se está legislando, con liviandad y sin realmente sopesar las consecuencias de las propuestas. Desde luego, esta alternativa —dirigida a personas que, en rigor, no han visto disminuir sus ingresos por la pandemia— significa enmendar contratos voluntariamente acordados e imponer costos que pueden ser muy elevados para el país y los contratantes de estas rentas. Técnicamente es algo que se puede hacer, pero no por eso deja de ser una tarea muy compleja. Significa deshacer contratos, liquidar instrumentos financieros, pagar el retiro acordado sobre un monto que habría que definir y luego comprar con los remanentes otros instrumentos que permitan sostener las pensiones rebajadas. Incluso, para muchas personas estas se reducirán no solo por el efecto del retiro, sino porque las tasas de interés son ahora más bajas que cuando se pensionaron.

El mundo político muestra, una vez más, desorientación con estas acciones. Es evidente que el retiro es una política popular, pero eso no la hace una iniciativa responsable ni conveniente. Menos aún si no existe un mecanismo bien diseñado para garantizarles a las personas una pensión al menos igual a la que habrían obtenido sin retirar parte de sus ahorros. Sin ello, solo se está jugando con las expectativas de la población, mostrando la que es sin duda la peor cara de la política.