Columna de Gabriel Alemparte: “Reforma de pensiones, ojo con la implementación”

El abogado pide evitar que “por reglamento se intente hacer lo que no dice la ley” y propone abrir un diálogo técnico y transversal para acompañar la implementación”.

Con la reforma de pensiones, aprobada en enero en el Senado, pareciera que “la suerte está echada”, escribe Gabriel Alemparte al comenzar su columna sobre la reciente reforma previsional. Pero rápidamente matiza: aunque la ley fue publicada en el Diario Oficial, “resignarse a la publicación sería lo obvio, pero no lo responsable”. Para el abogado, la etapa más delicada comienza ahora: la implementación. Un proceso que, según señala, tomará al menos dos años y que presenta desafíos técnicos, regulatorios y políticos.

Alemparte apunta al clima político dentro del oficialismo tras la aprobación de la reforma, en particular en el Partido Comunista, que “ha quedado dañado en la interna por lo conseguido”. En ese contexto, advierte que la implementación, “silenciosamente y fuera de las luces de la prensa”, puede transformarse en un terreno fértil para hacer concesiones internas, desvirtuando el espíritu original de la ley.

Uno de los puntos más preocupantes, señala, es el impacto en el mercado laboral. A su juicio, la reforma puede incentivar la informalidad, ya que “los primeros puntos de cotización no van a las cuentas individuales, sino que a un Fondo Estatal (el FAPP)”. Cita también un estudio de la consultora Mercer, que estima un aumento de hasta 47% en los costos para empresas con trabajadores de bajos ingresos, afectando duramente a sectores como el agrícola y forestal.

En un giro más amplio, Alemparte cuestiona la contradicción entre el discurso de fomento a la inversión y las trabas burocráticas que impone el Estado: “¿Cómo se avanza en empleo si el Estado detiene la inversión en hospitales claves para la vida de personas?”, se pregunta, aludiendo a demoras por razones medioambientales en obras públicas. Finalmente, el abogado enfatiza que lo técnico debe primar sobre lo político. Advierte que decisiones mal diseñadas podrían afectar la rentabilidad de los fondos y, por ende, las futuras pensiones. “Un punto más de rentabilidad implica un 20% o 25% más de pensión”, recuerda. Por eso, llama a no permitir que “por reglamento se intente hacer lo que no dice la ley” y propone abrir un diálogo técnico y transversal para acompañar la implementación. “De lo contrario —concluye— la ley puede terminar siendo desnaturalizada por criterios políticos”.

La Tercera