Grupo de expertos elabora propuestas para viabilizar reforma previsional

La reforma al sistema de pensiones, propuesta por el gobierno de Gabriel Boric, ha sido un flanco de críticas por parte de expertos en materia previsional y, también, en la oposición. En la actualidad, la iniciativa legal se encuentra en su primer trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, luego de haber sido aprobada en general en enero de este año. En los próximos días, una comisión de expertos convocada por el Ejecutivo, debería presentar indicaciones a la reforma.

En paralelo, en enero de este año, Clapes UC y su director, el exministro de Hacienda Felipe Larraín, convocaron inicialmente a un grupo de 20 especialistas, que luego se redujo a 19 tras el nombramiento de Rodrigo Valdés en su nuevo cargo en el FMI. Por Clapes, además participaron Leonardo Hernández, Joaquín Vial y Hermann González, quienes fueron parte del grupo y trabajaron en la redacción del texto final.

Este documento vio la luz a fines de la semana pasada y plantea cambios en distintos aspectos de la reforma, que van desde el destinto de la nueva cotización, el cobro de comisiones, hasta el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Según el documento, la propuesta realizada por este grupo de expertos se realiza con miras a mejorar la reforma y destrabar su discusión parlamentaria, permitiendo así alcanzar un acuerdo que sea técnica y políticamente viable y, a la vez, duradero. Con todo, el mismo documento reconoce que el grupo intentó alcanzar consenso en los distintos temas, pero esto no fue siempre posible. Cuando no se logró, se intentó dejarlo explicito en el texto. Las propuestas del grupo de expertos son:

En su reforma, el Gobierno propone derogar el DL. 3.500; ante esto, el grupo propone mantener este decreto de ley.
La justificación radica en que la derogación del DL 3.500 puede generar vacíos legales importantes respecto a la totalidad del sistema previsional, por ejemplo, en salud.
La propuesta del Gobierno busca aument a r l a P G U a $250.000 y eliminar el test de afluencia; frente a ello, los economistas consideran que se debe mantener la cobertura actual de la PGU y aumentarla hasta el monto de la línea de la pobreza. Plantean que aumentos sucesivos deben mantener la PGU en la línea de la pobreza. El motivo de esto es que el objetivo de la PGU es prevenir la pobreza en la vejez, por tanto, su monto debe estar alineado con la línea de la pobreza.
El proyecto de ley permite autopréstamos limitados con mecanismos de devolución. Para los expertos esta opción se debe dejar fuera. Señalan que esta medida de la reforma tiene dificultad política para el reembolso del ahorro retirado, lo que implica que con una alta probabilidad los autopréstamos se terminarán transformando en un retiro oculto de fondos, erosionando o destruyendo el sistema de pensiones.
El proyecto del Gobierno propone destinar 6% de cotización adicional a fines redistributivos bajo esquema de cuentas nocionales. Para el grupo de expertos no se debe crear el esquema de cuentas nocionales. En cambio, se propone que 4,2 puntos de la cotización adicional se destinen a cuentas individuales y 1,8 puntos a fines redistributivos entre quienes coticen. Además, la solidaridad con quienes no cotizan se debe resolver a través de impuestos generales. El documento explica que la creación de cuentas nocionales tiene una serie de inconvenientes. Entre estos, está una menor rentabilidad que las cuentas de capitalización; una poca claridad y difícil comunicación con los afiliados; una alta probabilidad para darle un uso político a los dineros de los afiliados; y la dificultad política de modificar los parámetros para que el seguro social sea financieramente viable en el largo plazo.
El documento de los expertos, también aborda la situación de la industria. Recuerdan que la reforma busca introducir un administrador público (IPPA) como único administrador-inversor del 6% de cotización adicional y como administrador-inversor por default del 10% y del stock actual de ahorros de quien no elija otro administrador. Ante esta medida, los economistas proponen la elección del administrador-inversor del total de los fondos flujo (10%+ 4,2%) y stock actual entre entes privados y un ente público. Ningún administrador-inversor se define como default o por defecto. Todos los administradores-inversores (público y privados) compiten bajo las mismas reglas y condiciones. Según explican, la medida permite la libertad de elección por parte de los afiliados, que son los dueños del ahorro, y evita que se forme un cuasi monopolio estatal de gran tamaño para el mercado de capitales chileno.
El documento también se refiere a la separación de la industria y creación de un “monopolio público” encargado de la administración de las cuentas individuales, APA (no de las inversiones). Ante esto, proponen evaluar una separación alternativa de la industria, por ejemplo, centralizando algunas funciones de administración como cobranza (con la concurrencia del SII y la TGR) y recaudación (entidad similar a Previred con participación del Estado).
En cuanto a que las administradoras asumen comisiones de administración delegada; el grupo de expertos propone que el costo de administración delegada debe continuar cobrándose al fondo bajo la regulación y supervisión de la Superintendencia y no ser asumido por el administrador. Se debe educar a los afiliados sobre su existencia y justificación.
La reforma, según el documento, propone un cambio de la comisión sobre flujo a comisión sobre saldo con reducciones según edad del afiliado. Los expertos apuntan a cambiar a comisión sobre saldo, pero con rebajas según años cotizados (no solo por edad) para evitar cobros dobles.
También abordan la medida de la reforma, que busca la eliminación del retiro programado como modalidad de pensión e introducción de renta vitalicia con posibilidad de herencia. Ante esto, los expertos proponen mantener retiro programado entre las alternativas de pensión además de fomentar renta vitalicia diferida a plazos más largos.

Fuente: El Mercurio