Las AFP estiman que costos de administración estatal en la reforma previsional están subvalorados y podrían multiplicarse por tres

Calificó de “propaganda” que se ahorren US$ 900 millones en reorganización de la industria, como asegura el Gobierno.

Una dura réplica generó en la Asociación de AFP las cifras presentadas el martes por el Gobierno, en el marco de la tramitación de la reforma previsional en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en que se estimó un ahorro de US$ 880 millones por comisiones directas como consecuencia de la reorganización de la industria de administración de fondos de pensiones, diseño en el que un administrador estatal (APA) se haría cargo de las funciones que hoy realizan las AFP respecto de las cuentas de los afiliados, en tanto que un inversor estatal (IPPA) e inversores privados (IPP) tomarían la gestión financiera de los ahorros previsionales.

Entre las cifras entregadas por el Ejecutivo en la instancia legislativa, se mencionó que el APA tendría un costo de gestión de US$ 300 millones, ahorrando los importes actuales de soporte, publicidad —salvo un margen de 13%— y el margen de operación.

A solicitud de “El Mercurio”, desde la Asociación señalaron que considerar “que el Estado va a conseguir administrar el sistema con un costo de US$ 300 millones es simplemente un acto de fe. Eso es lo que gasta hoy el sector privado, luego de varias décadas de ir ganando eficiencia en gestión.

Lo más probable es que el sector público multiplique por tres ese costo, el que se transferirá a todos los chilenos en menor inversión en áreas tan sensibles y urgentes como salud, mayor seguridad y creación de empleos”.

En ese sentido, señalaron que “la eliminación parcial de las cuentas individuales, la creación de cuentas nocionales con una asignación teórica de ahorro, la estatización completa de la gestión de cuentas y servicios; la captura total del aporte adicional de 6% por parte del Estado más una parte importante del flujo de cotizaciones delas cuentas individuales a través de una asignación directa en un inicio (por default), es todo lo que se quiso dejar atrás, y que se presenta hoy con números que hablan de grandes economías y beneficios, que son teóricas; donde nadie paga y todos ganan” y cuestionaron que si la propuesta del Ejecutivo apunta a que sería “un mejor administrador en pensiones, también lo puede ser en educación, salud, vivienda, telefonía, banca, seguros y todo lo que se pueda imaginar”.

Dicho lo anterior, el gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes, subrayó que “el supuesto ahorro de US$ 900 millones es propaganda, porque los gastos de operación del sistema de pensiones no desaparecen y los tendrán que pagar todos los chilenos a través de impuestos” y agregó que “hacer desaparecer una actividad público-privada que tiene 40 años y pasar la gestión del ahorro al Estado bajo argumentos de mayor eficiencia plantea incertidumbre, porque dicha lógica se puede aplicar a cualquier actividad que hoy día realizan los privados”.
En todo caso, desde la Asociación señalan que no se cierran a ajustes en la industria y afirman que “puede haber muchas otras soluciones si se trata de reducir costos de administración de pensiones, elevar su calidad y las prestaciones, como lo han sido las licitaciones de nuevos afiliados y la creación de Previred”, pero que “lo que no debería producirse es que el Estado intervenga en la dictación de las normas y la gestión de las actividades, porque así nos enfrentaríamos a un monopolio que es juez y parte”.

Por lo mismo, defendieron la presencia de rentas privadas en la economía. “El principio ordenador que guía la propuesta del Gobierno es que en la previsión no puede haber renta de empresas privadas, así como no la debería haber en salud, educación, vivienda, y se podrían agregar muchas áreas más que son vitales. Este argumento cae por su propio peso, como la alimentación, el vestuario, el transporte, etc., deben participar empresarios pequeños, medianos o grandes, cada uno de los cuales tiene que invertir su capital y, por tanto, obtener una retribución por este capital invertido”.

Fuente: El Mercurio