Los riesgos de ir contra preferencia ciudadana sobre el 6% adicional

Destino cotización adicional: ¿Usted cree que los fondos propuestos para mejorar las pensiones, que provendrían de un 6% extra de cotización al trabajador que pagará el empleador deben ir…?
Trabajo elabora fórmula alternativa para lograr que vaya a componente colectivo, pero está opción de ceder en el Congreso.

Iniciando octubre, mes en el que la ministra del Trabajo Jeannette Jara comprometió el ingreso de la reforma previsional, un nuevo estudio de opinión volvió a exhibir la preferencia porque el 6% de cotización adicional que propondrá el proyecto vaya íntegramente a sus cuentas individuales, a contrapelo de la idea del Gobierno de que se destine a un componente colectivo de solidaridad.
Aunque La Moneda ya cedió en su propuesta original de campaña al mantener el 10% actual en cuentas individuales (Boric proponía también destinarlo a un fondo colectivo administrado por un ente público), un zoom en materia previsional incluido en la encuesta Cadem de este domingo mostró que el 56% sigue prefiriendo que también los 6 puntos adicionales vayan a su cuenta individual. El 27% está por mitad a un fondo común solidario y mitad a cuenta individual, y 13% que vaya a un fondo común.
El sondeo es coherente con anteriores; por ejemplo, 52% optaba por destinar toda su cotización a la cuenta individual, según una encuesta efectuada por Criteria en mayo, encargada por AFP Cuprum. Solo 2% respondía todo al fondo colectivo; 22% que la mayoría fuese a la cuenta individual; 21% que sea en partes iguales entre cuenta individual y fondo colectivo; y 3% quería la mayoría a un fondo colectivo.
Aún así, en las conversaciones prelegislativas —que realizan la ministra Jara, y el subsecretaria de Previsión Social Christian Larraín—, el Gobierno ha mantenido, hasta ahora, su diseño respecto del 6%: se trata de un aspecto sensible para la coalición de Boric Apruebo Dignidad (FA-PC). Ahí apuntan que La Moneda ya cedió, tanto en la distribución del 10% actual como en que exista libertad de elección de los cotizantes para decidir si los fondos de esos 10 puntos los invierte el nuevo ente público o un gestor privado similar a las AFP (en línea con el 82% que así lo prefería en Cadem, mientras solo 13% optaba por que hubiese solo una institución estatal, y 4% por las AFP), aunque el papel administrativo de recaudar cotizaciones y pagar jubilaciones lo hará un organismo público. Por lo mismo, en las negociaciones se han visto avances, aunque públicamente Chile Vamos sostiene que aún no están los votos. “Nos deja tranquilos que ya no es sistema de reparto o único estatal, como se escuchó en campaña. Lo moderaron. Ya salvamos el 10%, que se queda en capitalización individual y con privados.
Ahora a salvar el 6%”, aseveró el diputado UDI Jorge Alessandri, hace 2 semanas en El Mercurio.
Para conseguir apoyos a la idea del Gobierno, Larraín ha sociabilizado con parlamentarios una fórmula intermedia: que el 6% vaya a un componente colectivo para poder generar rentabilidades destinadas a lograr solidaridad, pero que exista una garantía a pensionados de que al menos el 75% de esos 6 puntos irán destinados a su jubilación, según describen legisladores y confirman fuentes de Gobierno. No obstante, interlocutores de la derecha han abogado porque al menos 2 de los 6 puntos vayan directo a cuentas individuales. “El Gobierno sabe que, en último término, si no resulta la fórmula intermedia, tendrán que flexibilizar el 6%”, afirma un parlamentario que ha participado en las tratativas. Coinciden analistas, advirtiendo los riesgos de la postura de Boric.
“El Gobierno sabe que este punto es difícil de salvar, pero tiene que dar la batalla comunicacional para mostrar coherencia y satisfacer a su base electoral. Sabe que no tiene viabilidad política, pero va esperar seguramente que sean los parlamentarios con su votación quienes echen abajo esa parte”, afirma el cientista político de la U. Central, Marco Moreno.
El director de Activa Ramón Cavieres lo explica así: “A la gente no le gusta la AFP, pero sí la capitalización individual. Quiere derechos sociales, pero le gusta la capacidad de elegir, ya está inserta en la idiosincrasia. El Gobierno debe ser más flexible en el Congreso”, añadiendo que la dilación por la postura de su coalición puede afectar a Boric. “El Gobierno aún está en un proceso de trauma del plebiscito. Debe gobernar, liderar, y en la medida que dilata más, queda un concepto de que no toma posición en temas que hay que avanzar”, concluye.
Coincide el cientista político y director de Tres Quintos, Kenneth Bunker: “El Gobierno debe escuchar a la gente. Hay un componente ideológico que los empuja, pero es muy claro que la gente aprecia los fondos individuales, en forma persistente. Boric debe ser realista. Las consecuencias de no hacerlo, serían mantenerse en la misma aprobación de ahora, o incluso bajar, aunque el costo lo paga la clase política en general”.

Fuente: La Segunda