Más de la mitad de las personas de 65 años no tendría beneficios de reforma

Esta semana Chile Vamos presentó su propuesta previsional para la reforma tributaria. Uno de los expertos que participaron en esto fue Alejandro Charme, ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones y ex jefe de asesores del Ministerio del Trabajo en los tiempos de María José Zaldívar, quien ahora ejerce como consultor en Charme Pelayo Consultores. El abogado acaba de elaborar un estudio donde evaluó el impacto de los beneficios que tendría la reforma previsional para las personas mayores de 65 años.

En su texto, Charme explica que la reforma previsional presentada por el Gobierno establece una “Garantía de la prestación con solidaridad intergeneracional” que beneficiará a los actuales y futuros pensionados por vejez e invalidez del sistema que tengan 65 años o más. Quienes tendrán derecho a una garantía de hasta un monto mensual de 0,1 UF por cada 12 meses registrados en la cuenta intrageneracional del seguro social (CISS), continuas o discontinuas y por un máximo de 360 meses. Se excluyen las cotizaciones registradas en la cuenta de cesantía, de maternidad y de cuidado de terceros, todas del seguro social.

“Además, según el artículo 112 del proyecto, se excluyen de este beneficio todas las personas que se afilian al Sistema Mixto a los 50 años o más, puesto que para acceder deben tener al menos registros en la del cumplimiento de la mencionada edad”.

El artículo decimotercero transitorio excluye a los pensionados/as actuales de la aplicación del artículo 112”, precisa Charme. Agrega que este beneficio para los actuales pensionados se financiará con los recursos del Fondo Integrado de Pensiones (FIP), esto es, con las cotizaciones de los trabajadores activos. “En seguridad social, esto se denominaría ‘solidaridad intergeneracional’, si efectivamente la generación que recibe el beneficio hubiese aportado al seguro social, pero en este caso, los pensionados actuales no efectuaron cotización alguna al FIP”, explica.

Con estos antecedentes, Charme señala que si se entiende que debería ser una prestación no contributiva y tomando la base del INE para las personas de 65 años o más y se interpola las bases de la Superintendencia de Pensiones para determinar a cuántas personas de 65 años o más llegaría este beneficio, se encuentra con que “las personas de 65 años o más serían 2.560.621, de las cuales, esto es el 53,9%, no recibirían beneficio alguno porque no cotizan. El 62,5% de las mujeres de 65 años o más no recibe el beneficio, para los hombres el porcentaje baja a 42,7%. El 15,5% de las mujeres y el 13,3% de los hombres recibirían un monto inferior a apenas 193.686 pensionados (7,6% de las personas de 65 años o más) recibirían el beneficio máximo de 3 UF, esto es, un poco más de $106.000, de los cuales solo un 3,9% son mujeres y un 12,4% son hombres”. Y comenta: “Sincerando las cifras, incluso si tomamos solo los pensionados actuales de vejez e invalidez del antiguo sistema, que son aproximadamente 300 mil y los de AFP, que son 1,5 millones (grupo al que el proyecto otorga el beneficio), tenemos que un porcentaje levemente superior al 10% de los pensionados actuales recibiría el beneficio máximo que establece la ley, con cargo a las cotizaciones de los trabajadores activos a esa fecha”. Con todo, Charme sugiere evaluar otros mecanismos que respeten los principios de la seguridad social, en el sentido de que los beneficios contributivos del seguro social sean para quienes cotizaron en dicho seguro y los beneficios no contributivos se financien con gasto público. “En este caso, se podría evaluar una PGU de mayor monto para este grupo de pensionados, una bonificación especial, un bono de reconocimiento u otro instrumento que el fisco pueda financiar”, apunta.

Fuente: El Mercurio