Nueva propuesta sugiere un impacto fiscal acotado y financiado de un aumento de las pensiones

Economistas creen que los seis puntos extras de cotización de la reforma previsional deben ir a las cuentas individuales, y el fisco podría solventar el ‘seguro social’.

Un análisis de los economistas Matías Acevedo y Hermann González muestra que el costo del denominado ‘seguro social’ de la reforma previsional del Gobierno es la mitad de lo que han sugerido las autoridades recientemente. Por lo mismo, proponen cargarlo al fisco en vez de que sea obtenido a partir de las cotizaciones extras del 6% que se plantea en la reforma previsional del Ejecutivo. Y todo, aseguran, con un financiamiento responsable y sostenible.

Asimismo, sugieren que la PGU solo sea solventada para los pensionados bajo la línea de la pobreza (en vez de llevarla a $250 mil en forma universal), con lo que se ahorrarían recursos que eviten un aumento del gasto público o de la deuda del Estado.

Acevedo y González participaron en el Ministerio de Hacienda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Acevedo fue director de Presupuestos, y González, jefe de asesores y coordinador macroeconómico de Hacienda. Hoy ambos son académicos en la U. San Sebastián (USS) y en la UC, respectivamente. González, además, integra el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

La idea base

En un documento de análisis, los economistas plantean que hay consenso técnico y político en que una reforma debe buscar dos objetivos: un alza en los montos percibidos por jubilados actuales y futuros, y que al menos se cubra la línea de la pobreza. Hay una restricción: dada la estrechez fiscal, para que la deuda pública bruta se quede bajo el 45% del PIB, el gasto no puede crecer más del 1,5% anual.

‘Para mejorar las pensiones actuales, el Ejecutivo ha propuesto la creación de un seguro social que se compone de tres beneficios: una garantía por años cotizados, una compensación por expectativas de vida y un complemento por cuidados de terceros. Si bien el seguro social es perfectible en distintas dimensiones, como, por ejemplo, establecer un umbral mínimo de 15-20 años cotizados para acceder al beneficio, estimamos que la propuesta actual tendría un costo fiscal al 2050 (año en régimen) de 0,7 puntos del PIB, costo que luego comienza a reducirse hasta su extinción’.

Se basan en modelaciones que ha hecho el propio Gobierno al estimar el impacto de cada punto de cotización adicional. Parte en 0,36 puntos del PIB, llega a un máximo de 0,7 y luego comienza a caer, describe González.

Para el Ejecutivo, al menos tres puntos de la cotización adicional deberían destinarse a ‘solidaridad’, ya sea a un ‘seguro social’ o un fondo común de reparto. Acevedo cree que los seis puntos deben ir a las cuentas individuales. ‘Con esta propuesta’, menciona Acevedo, ‘si el objetivo es mejorar las pensiones hoy, se destrabaría el debate de destinar una parte de la cotización a financiar el seguro. Por esto, sí hay margen para financiarlo de una manera distinta, como intentamos demostrar en este trabajo, sin afectar los incentivos a cotizar y la informalidad’.

‘El Ejecutivo ha señalado que, sin destinar una parte de los seis puntos de cotización a financiar el seguro social, por ejemplo tres puntos, no se pueden mejorar las pensiones hoy. Y aquí mostramos un camino alternativo’, indica González.

En su documento de análisis, concluyen que el costo fiscal total en régimen de su propuesta va entre 1,3 y 1,5% del PIB. ‘El presupuesto del Ejecutivo en régimen para esta reforma es 1,3 puntos del PIB, valor que se encuentra dentro del rango que hemos estimado para estas medidas’.

La estrechez

Ahora bien, dados los apretados márgenes fiscales, tomaron el presupuesto estimado por el Gobierno de 1,3 puntos del PIB para ver cómo se pueden mejorar las pensiones de hoy y en el futuro, ‘sin que ningún pensionado reciba una jubilación bajo la línea de pobreza’. Así, dice González, solo con esfuerzo fiscal, 1) la PGU no debería llegar al 10% más rico, con lo que se liberan 0,34 puntos del PIB; 2) la PGU sube hasta la línea de pobreza, y 3) ‘resta solo financiar 0,2 puntos del PIB (un 15% del costo de la reforma), que puede ser una combinación de ingresos del litio, un mayor esfuerzo en eficiencia y ahorros que pueden provenir de mejoras en las medidas propuestas’.

Si se requirieran 0,2 puntos del PIB adicionales, reza el documento, ‘se podría recurrir a los ingresos permanentes de litio del reciente acuerdo Codelco-SQM y/o la ampliación de producción de litio a Albemarle, como también financiarse con el perfeccionamiento de instrumentos como el seguro social, lo que podría traducirse en un menor gasto fiscal’.

Sin litio, Acevedo ve posible el financiamiento fiscal con esfuerzo extra de eficiencia del gasto. Dice que 0,2 puntos del PIB es una cifra abordable para encontrar financiamiento permanente.