La libertad de elegir sigue instalada como uno de los principios más valorados por la ciudadanía frente a una reforma al sistema de pensiones, y se manifiesta con un rechazo mayoritario a la idea de la licitación de stock de afiliados que está planteada en el proyecto de ley que impulsa el Gobierno. De acuerdo con la última encuesta de Panel Ciudadano UDD, el 40% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta idea, que propone licitar cada año un 10% de las carteras de afiliados para adjudicarlas a la AFP que entregue una mejor oferta en materia de comisiones, con la idea de aumentar la competencia entre administradoras.

Los resultados también muestran que el 32% está de acuerdo o muy de acuerdo con esta idea, y el 27% no tiene una opinión definida (ver infografía). Así, la licitación de stock es el cambio con menor apoyo entre un total de seis que considera la encuesta, lo que contrasta con el 82% de respaldo que obtiene la opción de que los cotizantes decidan activamente cada dos años si optan por seguir en su AFP o cambiarse. Esta medida es la más respaldada en la medición.

Si bien la reforma previsional del Ejecutivo establece la posibilidad de renunciar a esta reasignación por parte de los afiliados, el decano de la Facultad de Gobierno, Eugenio Guzmán, cree que los resultados muestran la preferencia ciudadana por contar con opciones más simples: ‘¿Por qué la opción más importante aparece la decisión de que cada dos años me pregunten esto? Porque es lo más de sentido común (…). Lo otro es qué va a significar en términos de esfuerzo. Es complejo, y además no se les está preguntando a las personas, porque se les dice: tomamos sus fondos y los vamos a licitar. Si hay algo que está instalado, tanto en el 6% como en general, es la opción de elegir’.

La encuesta se llevó a cabo vía WhatsApp y SMS, con una muestra de 995 casos que considera hombres y mujeres mayores de 18 años de las 16 regiones del país, en base a un muestreo probabilístico con selección aleatoria, representativo a nivel nacional. El margen de error fue de 3,1% al 95% de confianza.

Rol del Estado
Después de la idea de ser consultados para cambiar de AFP, la segunda medida más valorada por los encuestados, que en un 76% se manifestaron de acuerdo o muy de acuerdo, fue que exista una AFP estatal que compita en las mismas condiciones que las administradoras privadas, y que los afiliados puedan optar o no por ella. Solo un 13% dijo estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta alternativa, y un 12% no manifestó una opinión al respecto.

Sin embargo, pese a respaldar la idea de que exista una AFP con estas características, un 55% aseguró que no confía en el Estado como administrador de los fondos de pensiones, versus un 30% que sí lo hace y un 15% que dijo no saber. Guzmán cree que no hay una contradicción entre ambos resultados, puesto que dan cuenta de la relevancia que tiene la libertad de elegir para la población. ‘Están diciendo: cree una AFP estatal, pero déjeme a mí elegir. Es muy distinto a que les dijeran que va ser la única opción. Es lo mismo que pasa cuando les preguntas a las personas sobre el sistema de salud, donde hay una aspiración de poder elegir’.

La encuesta también revela que hay un grado de desconocimiento en este ámbito, y que un 17% de los encuestados dijo creer que los afiliados no pueden cambiarse libremente de AFP en cualquier momento, especialmente en la población joven y de menores ingresos.

Ahorro personal
Al ordenar las distintas medidas que propone la encuesta en materia previsional en orden de importancia, el cambio más relevante para la población es que todo el aumento de cotización del 6% vaya a las cuentas individuales, y que la solidaridad se financie vía impuestos generales con la Pensión Garantizada Universal. Un 44% ubicó esta alternativa entre las primeras prioridades, seguida de un 39% en cuanto a elegir periódicamente sobre cambio de AFP, y un 38%, que la comisión por administración dependa mayormente de la rentabilidad de los fondos.

En cambio, la opción menos relevante es la licitación de stock, que solo un 16% ubica como una prioridad, después de un 26% que menciona la solidaridad intergeneracional con quienes cotizaron menos y un 37% respecto de la AFP estatal.

La idea de que exista solidaridad con los fondos de los trabajadores es la que cuenta con mayor rechazo ciudadano, con un 48% en desacuerdo o muy en desacuerdo y solo un 34% que lo apoya. El sondeo también profundiza en cómo distribuir esa nueva cotización, y un 55% respalda que vaya íntegramente a las cuentas personales.