El primer ministro francés, Edouard Philippe, presentó la arquitectura del proyecto de reforma al sistema de pensiones público de reparto el pasado 11 de diciembre de 2019. La idea de la reforma propuesta es establecer un sistema universal con reglas comunes en el cálculo de las pensiones, tratando de garantizar el derecho de igualdad, cuestionado por la existencia de 42 regímenes de pensiones distintos, que incluyen los llamados regímenes especiales o sistemas con condiciones específicas y ventajosas, como una edad de jubilación más temprana.

La existencia de estos regímenes especiales se justificaba en muchos casos porque se trataba de profesiones con un desgaste físico o unos riesgos particulares. Existen regímenes especiales para la compañía de ferrocarriles públicos (SNCF) y para los transportes públicos de la región parisina (RATP), pero también para los trabajadores de las industrias energéticas, del Banco de Francia, la Ópera de París, los notarios y los marinos.

Con la reforma propuesta, se fusionan los 42 regímenes, y se mantiene el sistema público de financiación en base a reparto (es decir, los trabajadores actuales pagan por los jubilados actuales), pero se contempla un sistema por puntos, proporcionando cobertura hasta tres límites máximos de seguridad social (un monto bruto de aproximadamente EUR 10.000 por mes). Con sus contribuciones a lo largo de su vida laboral, el trabajador comprará puntos, que tendrán un precio de compra que aumentará en función del salario promedio. En este sentido, es interesante destacar cómo un sistema de pensiones de reparto, como el francés, a fin de garantizar su sostenibilidad, incorpora mecanismos de acumulación.

Para calcular la jubilación, los puntos adquiridos a lo largo de la carrera se convertirán en euros, en función del valor de servicio, que aumentará cada año en función al salario promedio. Así, una vez alcanzada la jubilación, los puntos acumulados permitirán calcular la pensión de forma que “cada euro cotizado otorgue los mismos derechos, sea cual sea el estatuto”.

Se prevén además “mecanismos de solidaridad”, por ejemplo, en forma puntos por cada hijo o para compensar las interrupciones de la actividad.

Una de las claves originales de la propuesta consistía en subir gradualmente hasta los 64 años la edad de referencia para jubilarse (manteniendo la edad mínima de jubilación a los 62 años). De esta forma, aquellos que decidieran jubilarse antes de los 64 años tendrían penalizaciones en su pensión, y quienes lo hagan más tarde recibirían bonificaciones. Sin embargo, el 11 de enero pasado el gobierno francés decidió retirar del texto legislativo esta propuesta, con el fin de negociar con los sindicatos el término de las movilizaciones en contra.

Las claves principales de la reforma anunciada que se mantienen en el proyecto se resumen a continuación:

1. LA PENSIÓN MÍNIMA SERÁ DE MIL EUROS

La reforma garantizará una pensión mínima de 1.000 euros a todos los que tengan el periodo de cotización completo (42 años actualmente, que deben pasar progresivamente a 43). Esto hará que aumenten las pensiones de trabajadores que cobran el salario mínimo y de colectivos como agricultores y comerciantes, que tienen unas reglas de cotización propias. Esa pensión mínima de 1.000 euros entrará en vigor en 2022 y tres años después (desde 2025), en lugar de ser una cantidad fija inmutable pasará a convertirse en el 85 % del salario mínimo.

2. SE FIJARÁ UNA «REGLA DE ORO»

Se garantizará por ley una «regla de oro» que asegure que el valor de los puntos por los que se calculará el monto de la pensión no pueda bajar. Las pensiones no estarán indexadas sobre la inflación, sino sobre los salarios, lo que en la práctica, de acuerdo a información estadística histórica, representa una forma de indexación más generosa.

Las pensiones se calcularán así:

Número de puntos = Contribuciones / Valor de compra del punto

Monto de pensión en Euros = (Cantidad total de puntos acumulados)  x  (Valor del servicio del punto)

Nota: el llamado “valor de servicio del punto” se refiere al precio del punto en la compra, es decir, al valor del punto cuando se convierte en pensión.

3. SE APLICARÁ EN FORMA PROGRESIVA

El proyecto de ley de reforma presentado por el gobierno debería quedar aprobado en el Parlamento en el verano europeo (entre junio y septiembre), para que empiece a entrar en vigor en 2022 para la generación nacida en 2004, que será la primera a la que se aplicará íntegramente el sistema por puntos.

En el año 2025 la reforma comenzará a aplicarse de forma progresiva y parcial para las generaciones posteriores a 1975. Los nacidos antes de ese año no se verán afectados y se seguirán rigiendo por el sistema actual.

4. EXISTIRÁN BONIFICACIONES A PARTIR DEL PRIMER HIJO

Por cada hijo que nazca desde el momento de entrada en vigor de la reforma, uno de los padres podrá beneficiarse de una bonificación del 5% en puntos para la jubilación. A partir del tercer hijo, a ese 5% se le añadirá un 2% adicional. Por defecto, esos derechos se atribuirán a las madres.

También en dirección de las familias, el proyecto indica que la pensión de viudez será del 70% de los derechos de los que se hubiera beneficiado la pareja.

5. SE CREARÁ UNA «COTIZACIÓN DE SOLIDARIDAD» PARA LOS RICOS

Quienes tengan ingresos superiores a los 120.000 euros anuales deberán pagar una «cotización de solidaridad» más elevada, que no repercutirá en su propia jubilación sino en nutrir las arcas de la alcancía de las pensiones.