Trabajo y protección social para los migrantes

Por Irina Toro, gerenta de Educación de la AAFP.

En su primer día en La Moneda, el Gobierno del Presidente Piñera puso la Ley de Migraciones dentro de las 12 prioridades legislativas. Sin duda es un avance, ya que la legislación vigente data de 1975 y a pesar de las modificaciones realizadas, sigue siendo hostil para los extranjeros, especialmente en el aspecto laboral y previsional.

Otro aspecto destacable es que se dará prioridad a la posibilidad de que los extranjeros que trabajen y coticen en Chile puedan traspasar sus ahorros a sus respectivos países. Actualmente el único convenio internacional que lo permite es con Perú.

La problemática de la migración tiene un sinnúmero de aspectos a abordar, pero el que más preocupa es el acceso al mercado laboral y el respeto de sus derechos en materia de seguridad social.

Según estimaciones del Departamento de Extranjería, en hay Chile aproximadamente 600 mil migrantes, lo que equivale al 4% de la población, cifra que está por muy debajo del promedio de los países OCDE, que en algunos casos alcanza un 12% de la población.

Se trata de personas que han llegado al país buscando una mejor calidad de vida, porque ven en Chile un país atractivo para poder cumplir ese sueño. Pero la institucionalidad migratoria está muy lejos de facilitarles ese anhelo, ya que el proceso de obtención de permiso de permanencia es tremendamente burocrático, lo que significa dejarlos en territorio de nadie durante el periodo de tramitación.

Para solicitar un permiso de trabajo, el migrante debe tener un contrato de trabajo, lo que obliga al empleador a incurrir en una falta al contratarlo sin dicho permiso. Y una vez que logra pasar este escollo, la obtención de una visa temporal por motivos laborales puede demorar entre 8 meses y 1 año, periodo durante el cual no tienen acceso a un RUT definitivo, lo que los deja expuestos a la vulneración de sus derechos.

Según CLAPES UC, un 2,3% de la población migrante se encuentra trabajando formalmente. Lo que nos preocupa es que un 2,9% se desempeña como independiente y un 2% por cuenta propia, quienes no tienen acceso a la seguridad social. Además, no se conoce el número de personas que trabajan informalmente. Solo sabemos que las denuncias de trabajadores migrantes ante la Inspección del Trabajo pasaron de un 5% el 2015 a un 40% el 2017, la mayoría de ellas por no pago de cotizaciones previsionales y la no escrituración del contrato de trabajo.

Actualmente el Sistema de Pensiones le asigna al trabajador formal un RUT provisorio para que pueda cotizar mientras su visa se encuentra en trámite en el Departamento de Extranjería. Y recientemente la Superintendencia de Pensiones ha planteado la necesidad de que haya un registro de la nacionalidad de afiliados y cotizantes con el fin de poder enfocar las políticas públicas para este segmento.

Resulta urgente agilizar los procesos de obtención de permisos de trabajo porque la migración llegó para quedarse. Y tal como lo establece la Ley, el sistema no distingue entre chilenos y extranjeros en materia previsional. Todo esto debe ir acompañado de Educación Previsional, tarea que le corresponde tanto del Estado, a las ONGs, como a la industria de AFP, para que conozcan sus derechos, deberes y beneficios y puedan tomar decisiones informadas.

Los procesos migratorios bien conducidos deben ser concebidos como una oportunidad para el desarrollo del país, no como una amenaza.